La lucha contra la pobreza extrema en el Perú debió contribuir a que 5.2 millones de peruanos superaran su condición de indigencia. Durante la década de los noventa se contó con los recursos y éstos fueron asignados: el gasto social per cápita se incrementó de US$91,3 en 1991 a US$180,2 en el año 2000. Sin embargo, la inequidad ha aumentado y los pobres extremos han sido los menos favorecidos por los programas sociales. Los autores llaman la atención sobre aspectos tales como el grado de exclusión social, las demandas sociales insatisfechas, los impedimentos para que los pobres extremos accedan a la ayuda del Estado, así como la manera en que las diferentes percepciones de líderes comunales y jefes de hogar pueden afectar los resultados de las acciones del Estado en el bienestar de los más vulnerables.

El gobierno enfrenta grandes desafíos: los problemas de la lucha contra la pobreza extrema deben desterrarse. Un buen gobierno será aquel capaz de brindar las oportunidades para que los más pobres de los pobres puedan subir por la escalera del desarrollo sostenible en un país justo y solidario. El texto ofrece un menú de opciones para el gobierno que busque la eficiencia y la eficacia de la inversión social en favor de los pobres extremos, donde la equidad y la transparencia primen por encima de los intereses de grupos.